La Corte da señales para la baja de costos laborales

Son tiempos en los que, ante la inminencia de un buen resultado electoral del oficialismo, todos los poderes del Estado comienzan a trabajar extrañamente sincronizados. La Justicia no sólo avanza en las causas de corrupción que más preocupan a ex funcionarios kirchneristas o a algunos sindicalistas, sino también se apresura a darle un sostén jurídico a una de las promesas que el Ejecutivo explicitó apenas asumió: bajar costos laborales de las empresas sin tocar los sueldos de los trabajadores.

Una de las variables que impulsan ese costo, denunciada por todo el sector empresarial local, es la litigiosidad y los elevados costos que cobran en sus primas las ART. Para cambiar esto el Gobierno aprobó en febrero un nuevo sistema de riesgos del trabajo, que viene acumulando en los últimos meses varios fallos de instancias superiores de la Justicia que avalan su aplicación, por ahora reducido a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a Córdoba (la provincia y Mendoza avanzan en sus legislaturas en la adhesión; Santa Fe está todavía lejos de avalarla).

La Corte Suprema volvió a ratificar el funcionamiento del nuevo régimen. El máximo tribunal confirmó que los jueces laborales no pueden incrementar injustificadamente el importe de la indemnización por accidente de trabajo y revocó de esta manera un fallo anterior (Carabajal) de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En ese caso, la madre de un trabajador fallecido en un accidente laboral, ocurrido en 2005, le reclamó a la ART de la empresa en la que trabajaba su hijo la indemnización tarifada de la ley de riesgos del trabajo. El juez de primera instancia admitió ese reclamo y condenó a la ART a pagar $ 786.320,57. Para determinar este importe el juez no tuvo en cuenta las tarifas legales. La Cámara confirmó esa decisión.-

La Corte revocó lo resuelto y señaló que la Cámara no dio un “tratamiento adecuado a los agravios de la aseguradora debido a una incorrecta lectura del fallo sometido a revisión”, ya que los camaristas sostuvieron que correspondía confirmar el monto de “la acción civil ejercida por la actora” cuando el reclamo admitido por el juez de primera instancia estaba fundado en la ley de riesgos del trabajo.

En otro caso (fallo Núñez) resuelto, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley 26.773 (nuevo régimen de ART). En ese sentido, algunos creen que la ratificó. En este fallo, también dividido, la Corte “buscó ordenar”, según fuentes allegadas, qué se tramita en el fuero civil y qué en el laboral.-

Fuente: Diario La Nación

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